La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí informó este jueves la detención de Leticia “N”, una maestra acusada de abuso sexual agravado en perjuicio de una menor de edad, alumna de un centro educativo en la capital potosina.
De acuerdo con el reporte oficial, la captura fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI), luego de que un Juez de Control librara la orden de aprehensión tras la integración de la carpeta correspondiente.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en agosto de 2025 por la madre de la víctima ante la Fiscalía Especializada en la Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales. Según lo asentado en el expediente, la menor habría referido a sus familiares haber sido objeto de tocamientos indebidos por parte de su maestra, lo que derivó en la apertura de las indagatorias.
Como parte del proceso, el testimonio de la víctima fue recabado mediante entrevistas especializadas, con apoyo de peritajes en psicología y mecanismos de resguardo como la cámara Gesell, lo que permitió robustecer la acusación bajo protocolos de perspectiva de género y protección a la infancia.
La Fiscalía precisó que el delito imputado es abuso sexual agravado, cuya agravante radica en la relación de autoridad y confianza que la docente ejercía sobre la menor dentro del entorno escolar.
Tras su detención en la capital del estado, Leticia “N” fue trasladada al centro de reinserción social de La Pila, donde permanecerá en tanto se define su situación jurídica.
En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial ante un Juez de Control, donde el Ministerio Público formulará imputación. Posteriormente, el juzgador determinará si existen elementos suficientes para dictar la vinculación a proceso.
Debido a la naturaleza del delito, la Fiscalía podría solicitar la imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, con el objetivo de garantizar la seguridad de la víctima y evitar la evasión de la justicia.
Este caso ha reavivado la discusión sobre la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y supervisión en instituciones educativas de la entidad, particularmente en lo relacionado con la protección de menores.
La FGE indicó que las investigaciones continúan abiertas para determinar si existen más posibles víctimas vinculadas al entorno laboral de la imputada.
Cabe señalar que, conforme al principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 20 de la Constitución mexicana, la detenida será considerada inocente hasta que se emita una sentencia condenatoria en su contra.
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